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La Cámara de Senadores sancionó con 24 votos a favor el proyecto de ley que establece un régimen transitorio de aportes al IPS para los sectores de eventos, hotelería, gastronómico y agencias de turismo. La misma dispone que el aporte de las empresas al IPS sea del 11,5 % durante doce meses en 2021. Además el monto no abonado, tenga seis meses de periodo de gracia.



Otra de las facilidades que contempla la normativa es el fraccionamiento en 60 pagos mensuales desde julio de 2022 sin intereses. El documento pasa ahora al Poder Ejecutivo para la promulgación o veto.

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El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor, explicó que efectivamente hubo un planteamiento por parte del gobierno de Juan Guaidó para negociar la deuda que mantiene Paraguay con la petrolera estatal venezolana PDVSA, pero aclaró que eso no prosperó debido a que los representantes con quienes se reunió no tenían la legitimación activa para encarar el proceso.



En primer término, Villamayor confirmó que mantuvo un encuentro con Sebastián Vidal representante de la petrolera venezolana y Javier Troconis, quien fue designado por el gobierno de Juan Guaidó como comisionado de los activos venezolanos en el extranjero.

Al respecto, mencionó que en noviembre del 2019 recibió una nota enviada por Juan Guaidó al presidente Mario Abdo Benítez (con fecha de octubre del 2019), donde se comunicaba sobre la designación de Javier Troconis.

Siguió comentando que a pedido de Vidal mantuvo una reunión con Troconis, ocasión en la que le expusieron sobre un posible acuerdo que incluye el reconocimiento del reclamo paraguayo (Paraguay no acepta pagar ningún tipo de interés de la deuda de PDVSA y no acepta haber sido llevado a proceso arbitral por parte del gobierno venezolano), además de un quita del 50 por ciento del capital.

“Le señalo la dificultad a Troconis como a Vidal, que no tenían la calidad de acreedores, ya que en Venezuela hay un gobierno que Paraguay reconoce, que es el señor Guaidó, y otra administración que está físicamente en el territorio que es la del señor Nicolás Maduro. Recordemos que Paraguay ha sido demandado por PDVSA- Maduro, por eso tenés que tener lo que en derecho se llama legitimación activa, ellos no tienen la respuesta (sobre si son acreedores)”, explicó.

El jefe de Gabinete señaló de manera enfática que por más ventajosa que era la propuesta, la misma no podía prosperar porque ambos representantes carecían de la “legitimación activa” y por ello finalmente no prosperó.

Al respecto remarcó que el planteamiento quedó solo en lo expuesto inicialmente y que nunca más se volvió a conversar sobre el tema, atendiendo a que los enviados de Guaidó no tenían la figura de legitimidad que se requería para el efecto. “Nunca hubo un acuerdo, quedó ahí en esa charla”, subrayó.

Respecto a la publicación del periódico norteamericano The Washington Post, comentó que el artículo se centra en analizar la conducta de Troconis en la recuperación de los activos de Venezuela y entre ellos los de Paraguay con la petrolera venezolana.

Para el alto funcionario estatal la audiencia no obedece a ningún hecho de irregularidad, teniendo en cuenta que se hizo una propuesta que finalmente quedó solo en eso.

“No conozco ninguna maniobra irregular en torno a este tema, si ellos le pagan mucho o poco a sus abogados, es su problema. Si les conviene hacernos o no una quita del 50 por ciento es su problema”, refirió.

Juan Ernesto Villamayor remarcó que no se puede hablar de irregularidad, atendiendo a que el acuerdo no se concretó por lo expuesto anteriormente. Sostuvo que la deuda paraguaya con Venezuela está en torno a los 290 millones de dólares, incluido los intereses, que “es la parte que está en discusión”, recordó.

Mientras no se resuelva la legitimidad es imposible avanzar en un acuerdo

En conferencia de prensa posterior en Palacio de Gobierno añadió que en el borrador del proyecto se establece que todos los gastos causídicos que correspondan al trabajo de los profesionales serían íntegramente pagados por PDVSA.

En segundo lugar, que los intereses, que el estado paraguayo desconoce no debe pagar y en tercer lugar, un 50 por ciento de la quita del capital de la deuda, es decir que el estado debía pagar unos 130 millones de dólares para dar por concluido el distracto entre Petropar y la petrolera estatal venezolana.

“Nosotros no podemos buenamente aceptar, incluso los términos que por demás son beneficiosos de la oferta, no podemos garantizar que el pago efectuado tenga fuerza cancelatoria porque existe un diferendo entre la autoridad del presidente Guaidó y el ejercicio territorial de Maduro”, reiteró.

En ese contexto señaló igualmente que “eso fue presentación, debut y despedida, nunca más se tocó este tema y quedó como una charla, con un obstáculo insalvable porque mientras ese tema no se resuelva no se puede avanzar en ningún tipo de acuerdo”.

En julio del 2016, la petrolera estatal venezolana presentó una solicitud de arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París, Francia, por la deuda que contrajo Petróleos del Paraguay (Petropar).

Desde ese año ambos países están envueltos en el proceso arbitral, ya que Venezuela reclama unos 290 millones de dólares, en tanto que Paraguay reconoce una suma inferior, es decir unos 260 millones de dólares.

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