La abogada especialista en Derechos Humanos, Diana Vargas, presentó en la sede central del Ministerio Público una denuncia penal contra el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, por el aparente delito de exacción (exigencia de pago ilegal).
La acusación relata que Godoy cobró compulsivamente en concepto de contribución de más de 4000 objetores de conciencia desde el 2019 a la fecha, sin que el estatuto le habilite. Se expone hasta 10 años de cárcel, según lo establecido en el Código Penal.
El defensor del Pueblo habría hecho una interpretación caprichosa del artículo 21 de la Ley N° 4013/10, aprovechándose supuestamente del desconocimiento y desesperación de personas que deben presentar el certificado de objetor para acceder a un puesto de trabajo y otras gestiones. Dicha norma rige únicamente para quienes se declararon objetores antes de la entrada en vigencia de la respectiva ley, en junio de 2010.
Por su parte, el representante de la Defensoría del Pueblo calificó de “traída de los pelos” la denuncia de la letrada Diana Vargas. También expresó que presentará una querella contra la misma, ya que es ella la que debe ir presa, sostuvo.
