El informe final sobre la intervención de la gestión del gobernador de Guairá, Juan Carlos Vera Báez (ANR, HC), fue remitido el pasado 12 de septiembre a la Cámara de Diputados, y desde esa fecha los parlamentarios dilataron el tratamiento. Por lo tanto, desde este lunes el candidato a senador no tiene impedimento legal para volver a ocupar el cargo.
El documento del interventor, Pablo Vera, demostró que el cartista transfirió millonarios montos a comisiones cuyos presidentes o tesoreros son funcionarios departamentales, en clara violación el Art. 60 de la Ley 1.626/00 de la Función Pública. Además, se reveló una importante sobrefacturación en la construcción de pozos artesianos por G. 2.734.000.000.
Igualmente, se confirmó la irregularidad en la construcción de la planta de oxígeno y el pabellón de contingencia, que costaron G. 3.000.000.000 pero que nunca estuvieron activos porque las obras se ejecutaron sin la autorización del Ministerio de Salud. Otro punto inconsistente fue la adquisición de productos farmacéuticos y medicamentos por valor de G. 444.774.000 en plena emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, entre otras cosas.
Juan Carlos Vera fue apartado del cargo por 90 días, plazo ya cumplido, y como no fue imputado por el Ministerio Público ni tampoco hasta la fecha los diputados llamaron a una sesión extraordinaria para poder decidir si lo destituyen, no existe obstáculo constitucional para que retome sus funciones a partir de este lunes.
