El presidente Mario Abdo Benítez vetó totalmente el proyecto de ley que establece medidas de normalización y transparencia sobre la estructura de costos del gasoil tipo III, fijando precios mínimos y máximos para su comercialización.
El proyecto pretendía obligar a las empresas de combustibles a publicar la estructura de costos de este tipo de combustible, argumentando posibles efectos perjudiciales y distorsión en la competencia.
Además, establecía precios mínimos y máximos, limitando la reducción de precios para los consumidores. Si se aprobaba, los distribuidores privados y Petropar debían publicar costos internacionales, premios, gastos operativos, entre otros.
La Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) fue una de las instituciones que recomendó el veto por indefinición de sujetos obligados y cierre de empresas con mayores costos operativos. Tras el veto, la Ley regresa al Parlamento
