La Cámara de Senadores aprobó, en medio de intensas críticas y acusaciones de supuesta parcialidad, el envío del informe final de la Comisión Antilavado, presidida por Dionisio Amarilla, a la Fiscalía General, la Contraloría, instituciones del Estado y organismos internacionales como el Departamento de Estado de EE.UU.
El documento, producto de varios meses de investigación sobre hechos de lavado de activos, contrabando y otros delitos, incluye recomendaciones y severos cuestionamientos a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) por su supuesta falta de acción ante el tráfico ilegal de armas en la frontera.
Durante el debate, legisladores opositores reclamaron que el informe tiene un sesgo político y busca desacreditar a las organizaciones civiles. También denunciaron que, lejos de aportar pruebas contundentes sobre el lavado de dinero, el contenido evidencia carencias institucionales ya conocidas.
“Desde el inicio había un sesgo ideológico y se sabía que la intención apuntaba a destruir a las organizaciones de la sociedad civil, como política conservadora para poder anular el control del poder político autocrático que se está gestando en el mundo”, opinó el senador Ignacio Aramain.
Amarilla, por su parte, defendió la imparcialidad y el alcance del trabajo realizado y propuso reconocer a quienes participaron en la comisión, a pesar de las denuncias de falta de transparencia y de legitimidad del proceso.
