El Tribunal Oral en lo Criminal N.° 2 de Zárate-Campana sentenció este miércoles al empresario argentino Claudio Contardi, de 57 años, a 19 años de cárcel tras hallarlo culpable de abusar sexualmente de su exesposa, la modelo y conductora Julieta Prandi. Los hechos ocurrieron durante el período 2015-2018, después del nacimiento del segundo hijo de la pareja.
El proceso judicial se desarrolló la semana pasada y contó con las declaraciones de peritos, psicólogos, psiquiatras y allegados a Prandi, quienes detallaron el grave daño físico y emocional que sufrió. Del lado de la defensa, el único testigo presentado fue el jefe de seguridad del barrio privado donde residía la pareja, quien aseguró que la actriz entraba y salía habitualmente del domicilio.
Durante las audiencias, Prandi solicitó no tener contacto visual con Contardi, por lo que un biombo separó a ambas partes en la sala. La querella, encabezada por el abogado Javier Baños, pidió una condena de 50 años, mientras que la Fiscalía solicitó 20, alegando la gravedad y continuidad de los abusos. Finalmente, el tribunal —integrado por la jueza Lucía Leiro y los jueces Daniel Répolo y Mariano Aguilar— fijó la pena en 19 años y ordenó la detención inmediata del acusado.
En su testimonio, Prandi relató años de maltrato, aislamiento y agresiones sexuales, y subrayó que su reclamo no es económico, sino un pedido de justicia para ella y para otras mujeres que atraviesan situaciones similares. “Ya estuve muerta, no quiero estarlo dos veces”, expresó. El tribunal dispuso medidas de protección para la actriz, incluida custodia policial, debido al riesgo que representa el condenado para ella y sus hijos.
Contardi negó las acusaciones y afirmó que siempre mantuvo una relación consentida, argumento que no prosperó ante la contundencia de las pruebas. La defensa había solicitado una condena reducida de 10 años o la nulidad del juicio, alegando que el acusado no comprendió la renuncia al juicio por jurados, planteo que fue rechazado.
El caso, ampliamente seguido por la opinión pública, se considera un precedente relevante en la lucha contra la violencia de género y el abuso sexual intrafamiliar, visibilizando la importancia de garantizar justicia y protección para las víctimas.
