El Ministerio del Interior dio a conocer este miércoles el informe de la intervención en la Municipalidad de Asunción, el cual señala que la comuna se excedió en sus competencias al implementar la Cuenta Única del Tesoro Municipal, según la Ordenanza Nº 175/2018 y la Resolución Nº 2.424/2019.
Antes de la aprobación de la Ordenanza 28/2022, la Municipalidad ya enfrentaba una grave crisis financiera, tratada parcialmente mediante la reestructuración de deudas e inversiones en infraestructura.
Además, el control interno era prácticamente inexistente, el sistema informático estaba obsoleto y las políticas contables distorsionaban la realidad financiera, dando una imagen más favorable de los activos mientras se ocultaban pérdidas. La gestión también afrontaba problemas en recursos humanos, con más de 400 empleados aptos para jubilarse pero que no lo hacían debido a la crisis de la Caja Municipal y la falta de recursos para pagar beneficios adicionales.
También se detectó que los fondos obtenidos por la emisión del Bono G8 en 2022 y 2023, que debían destinarse exclusivamente a infraestructura pública, fueron mal utilizados para gastos operativos y pagos de obligaciones financieras.
El informe final del interventor Carlos Pereira y su equipo enfatiza que esta falta de transparencia y mala administración ha dañado la confianza pública, que no puede recuperarse solo con sanciones, y que las consecuencias son graves en términos administrativos y legales.
“La transgresión de la confianza pública por la administración del Municipio de Asunción encarna varias tipologías sancionadas en los fueros administrativos, políticos y jurídicos cuyo tratamiento si bien no es materia de este informe, resulta necesario puntualizar que sus consecuencias son muy graves porque la confianza pública no se reconstruye con el mero voluntarismo, ni por efecto inmediato de la sola punición de los causantes”, reza el documento.
