La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley 7.349/24 para que los hijastros y otros menores dependientes del hogar también puedan recibir la pensión estatal de G. 1.756.155 tras un feminicidio o homicidio en contexto de violencia familiar. La iniciativa elimina la exigencia de vínculo de sangre con el agresor y ahora pasará al Senado.
La modificación busca que la asistencia mensual alcance a todos los niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad afectados por la tragedia, según su situación de vulnerabilidad y no únicamente por ser hijos del agresor.
“Se trata de poner en el centro a quien realmente necesita la protección del Estado. La violencia familiar genera estragos que trascienden a la víctima directa y alcanzan a todo su entorno afectivo. Esta modificación garantiza que ningún niño quede sin asistencia solo por no tener un vínculo de sangre con el agresor”, remarcó Abed.
Según datos del Ministerio Público, desde 2017 se registraron 602 hijos huérfanos por feminicidios. Solo en 2026, hasta octubre, hubo 21 víctimas y 39 hijos quedaron sin madre, de los cuales 27 son menores de edad.
