La Fiscalía imputó formalmente al expresidente Santiago Peña y al expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, y pidió su prisión preventiva, además del embargo y la inhibición general de sus bienes, dentro de la causa penal N.º 92/2026 sobre el colapso de Ueno Bank.
Peña es acusado como instigador de lesión de confianza y Carvallo, como autor de ese delito, administración en provecho propio y elaboración de documentos públicos falsos.
Según la hipótesis fiscal, entre 2023 y 2026 Ueno Bank recibió fondos públicos y previsionales por unos G. 3,6 billones y USD 233,4 millones, provenientes de entidades como el IPS, Itaipú, Yacyretá, ANDE, la Caja Bancaria y CAJUBI. Al mismo tiempo, el banco habría concedido créditos excesivos e irregulares a empresas de su propio grupo económico, superando los límites permitidos por la Superintendencia de Bancos.
La imputación sostiene que Peña mantuvo intereses económicos en Ueno Holding, depósitos en el banco y bonos de ITTI mientras ejercía la Presidencia. También se le atribuye haber mantenido reuniones con el titular del IPS antes de la compra de bonos por G. 250.000 millones. Además, la Fiscalía menciona el hallazgo de aproximadamente USD 200.000 en efectivo no bancarizado en la residencia presidencial.
Por su parte, Carvallo habría pasado de presidir Financiera Ueno a dirigir el BCP sin apartarse de decisiones vinculadas a la entidad. La Fiscalía afirma que ignoró alertas sobre la debilidad patrimonial y el exceso de exposición del banco, avaló una presunta venta simulada de cartera por USD 74,4 millones y envió al Senado información falsa, lo que habría permitido seguir captando ahorros hasta la resolución forzosa del banco el pasado 2 de noviembre de 2026.
