El Poder Ejecutivo reglamentó la Ley N° 7.190/23, también conocida como la Ley de Créditos de Carbono, con el objetivo de establecer reglas claras para la comercialización de bonos de emisiones de dióxido de carbono.
Esta ley define los créditos de carbono como instrumentos comercializables que representan la reducción, prevención o captura de una tonelada de gases de efecto invernadero, facilitando la financiación de proyectos “verdes”.
La reglamentación incluye la creación de la Dirección de Mercados de Carbono (DMC) para supervisar el mercado de carbono en Paraguay y el Registro de Créditos de Carbono para el control de proyectos.
Si bien se espera que esta normativa atraiga inversiones y genere empleos en sectores como el forestal, también ha generado preocupación por la posible exclusión de comunidades indígenas y campesinas, así como dudas sobre el método de cuantificación de los bonos.
