En Primera Instancia, la Procuraduría General de la República logró una resolución favorable de la justicia respecto a la demanda civil promovida por excombatientes del 2 y 3 de febrero de 1989, quienes buscaban una millonaria indemnización por daños y perjuicios.
Las acciones requerían ser indemnizadas por una suma varias veces millonaria, lo equivalente a 40 millones de dólares, pero el magistrado, con base en los argumentos expuestos por la PGR, entre ellos la prescripción de la acción judicial planteada, no hizo lugar al pedido de los demandantes.
Con lo que se consiguió evitar el desembolso del millonario monto de ₲ 291.335.166.000 (guaraníes doscientos noventa y un mil trescientos treinta y cinco millones ciento sesenta y seis mil), equivalentes a USD 40.463.217,5 (dólares americanos cuarenta millones cuatrocientos sesenta y tres mil doscientos diecisiete).
“En el caso, al tiempo en que se promovió esta acción, no existía siquiera ley alguna que admitiera la responsabilidad directa del Estado por los hechos acaecidos en la gesta revolucionaria del 2 y 3 de febrero de 1989. – No puede, entonces, reclamarse tal clase de responsabilidad, so pena de quebrantar la referida normativa constitucional”, sostiene el juez Guillermo Trovato.
En el juicio, la Procuraduría General de la República en representación del Estado paraguayo negó el derecho a resarcimiento que la parte actora pretendía del Estado paraguayo, debido a que, tanto las instrumentales acompañadas en la presente demanda, como las pruebas diligenciadas, no aportaron valor, ni fuerza probatoria para acreditar la veracidad de los hechos, alegando además que la actora no tiene legitimación activa, y que, sumado a ello, la demanda está prescripta, oponiendo las excepciones de falta de acción y prescripción como medio general de defensa con la contestación de la demanda, logrando finalmente el fallo favorable.
