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Este viernes, la jueza Cynthia Lovera otorgó libertad ambulatoria a Arnaldo Andrés Báez, el suboficial de la Policía Nacional sindicado como uno de los dos procesados por los incidentes registrados en la sede del PLRA en 2017, junto al suboficial Gustavo Florentín, señalado como autor del disparo que acabó con la vida de Rodrigo Quintana. El hecho sucedió la noche del 31 de marzo y madrugada del 1 de abril de 2017.

Ese incidente resultó como consecuencia de los disturbios de la tarde y noche del 31 de marzo en el microcentro de Asunción, cuando la ciudadanía salió a las calles, repudiando una maniobra parlamentaria que buscaba introducir la figura de la reelección presidencial, prohibida por la Constitución Nacional, lo que derivó en la destrucción y quema del Congreso Nacional.

Uno de los testigos de nombre Diego Garcete, afirmó que el suboficial Báez lo amenazó con escopeta a Garcete para que no se acerque al activista liberal herido.

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En una ejemplar condena de cuatro años de pena privativa de libertad, el exministro de la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia José María Orué Rolandi fue acusado por la comisión del hecho punible de Lesión de Confianza, en el marco del programa Abrazo: "Un vaso de leche". Los agentes fiscales Rodrigo Estigarribia y Luis Piñanez habían requerido, en representación del Ministerio Público, la condena de siete años y 10 meses de cárcel para el acusado.

En la oportunidad, los fiscales presentaron sus alegatos finales mediante los cuales sustentaron el pedido del fallo condenatorio para Orúe Rolandi. El Ministerio Público requirió igualmente que sean revocadas las medidas alternativas y se haga efectiva la prisión preventiva.

El Tribunal de Sentencia integrado por los magistrados Laura Ocampo, Juan Carlos zarate y Fabián Winsense, deberá resolver el dictamen de la pena. En torno al caso fueron igualmente juzgados la directora de Planificación Laura Aida Gamarra; la nutricionista Gloria Betina Arroyo Vázquez; la jefa de Evaluación, María Araceli Cotillo Rolón; el director administrativo, Carlos Alberto Centurión González, quienes recibieron dos años y seis meses de cárcel.

Antecedentes

Según los antecedentes, el 12 de diciembre de 2012, Orué en su carácter de autoridad habría autorizado a la Dirección General de Administración y Finanzas iniciar el procedimiento para el llamado a licitación por subasta a la baja electrónica.

El llamado fue supuestamente ejecutado sin la realización de cálculos de proyección de insumos alimenticios que serían necesarios para el cumplimiento de los programas Abrazo y PAINAC, teniendo en cuenta que el pedido presentado por la nutricionista de la Dirección de Protección y Promoción de Derechos de dicha Secretaría, Sandra Burgos - encargada de realizar el cálculo para los programas - fue solo para la elaboración del menú alimentario que sería proporcionado a los niños durante el transcurso del año 2013.

Sin embargo, el llamado a licitación fue realizado de forma plurianual, y el pedido confeccionado para un año fue modificado para dos. De esto surgió el indicio de que hubo presuntamente un cambio, de tal manera que el contrato pueda extenderse para así utilizar la totalidad de lo presupuestado para el rubro.

El 27 de diciembre de 2012, el acusado designó como miembros del comité de evaluación de ofertas para el llamado de adquisición de productos alimenticios a los encausados Gamarra, Arroyo, Cotillo y Centurión.

Si bien se presentaron cuatro empresas oferentes, Granos y Aceites SACIA fue adjudicada en 11 de los 12 lotes, presentando en la mayoría, el precio más alto o siendo la única oferente.

Por otro lado, se habría hecho un contrato cerrado cuando no se sabía la cantidad de beneficiarios y además los productos adjudicados no cumplen supuestamente con el plan nutricional adecuado, ya que se adquirieron algunos productos de más y otros nunca fueron entregados.

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