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Buscan fusionar Catastro y Registros Públicos para sanear la tenencia de la tierra

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Durante la cumbre poderes realizado este lunes, las autoridades unificaron voluntades para la creación de una institución que se encargue de regularizar los títulos de tierras. De prosperar esta iniciativa, Catastro y Registros Públicos serán fusionados, con el objetivo de sanear y regularizar la tenencia y propiedad de la tierra en Paraguay.

Luego de concluir la reunión entre las máximas autoridades de los poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el senador colorado Enrique Riera, aseguró que es el proyecto de reforma estructural más importante de los próximos años.

Se trata de la creación de la Dirección Nacional de Catastro y Registros Públicos (Dinacare), que pretende fusionar a la Dirección de Catastro y el Servicio General Registros Públicos, con el objetivo de sanear y regularizar la tenencia y propiedad de la tierra en Paraguay.

El senador Riera manifestó que para que dicha iniciativa prospere se necesita de la voluntad de los tres poderes del Estado, es decir Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“Hubo unanimidad política, un grupo de senadores va a iniciar el proceso y pensamos que la Cámara de Diputados a quien también vamos a invitar a trabajar en esto vamos a unificar voluntades (…), queremos que hayan títulos 4. 652 kilómetros cuadrados como nos enseñaron en las clases de geografía”, relató.

En la cumbre de poderes de este lunes, las autoridades acordaron un trabajo multipartidario para que la Corte Suprema de Justicia no se vea afectado en su presupuesto, teniendo en cuenta que Registros Públicos depende y recauda para dicha institución.

Al respecto, se anunció la creación de un organismo técnico para transparentar todo lo relacionado a la legalidad de los bienes en el país. “Este será un proyecto clave porque una vez que una persona tenga su título de propiedad y con ello se impulsará la formalización que servirá para que la economía funcione”, añadió Riera.

El legislador aclaró que la Dinacare será una institución autárquica y sus directores serán blindados, es decir, no serán removibles en cinco años para aguantar las presiones “porque es un desafío muy grande el de regularizar todo”, expresó al concluir.

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