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Trabajadores de la ANR denuncian que líderes de la Operación Cicatriz buscan dejar sin empleo a 300 personas

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Las nuevas autoridades del Partido Colorado instaladas tras la Operación Cicatriz buscan desplazar a unos 300 trabajadores para ubicar a sus operadores políticos, según la denuncia.

Trabajadores del Partido Colorado denunciaron una persecución laboral por parte de los dirigentes de la ANR Pedro Alliana, José Alberto Alderete, Luis Castiglioni y Javier Zacarías Irún.  

Alegan que buscan dejar sin empleo a casi 300 funcionarios del partido de gobierno para ubicar a nuevos operadores políticos que responden a la nueva mesa directiva instalada, tras la concreción de la Operación Cicatriz. La denuncia fue planteada ante el Poder Judicial y el Ministerio de Trabajo, informó el abogado de los denunciantes Daniel Alarcón.

El profesional relató que la nueva conducción del partido emitió una resolución el pasado, 1 de julio, que modificó la carga horaria, cuya medida afectó a casi la totalidad de los funcionarios que no pudieron continuar con sus labores en el partido.

“En realidad hace 26 años están trabajando con un sistema de turnos, un grupo a la mañana y otro a la tarde. Al romper el diseño de turnos y un horario corrido hace que la gente no pueda continuar con su trabajo y comenzaron los despidos masivos”, reveló Alarcón y agregó que, desde una perspectiva legal, les será imposible seguir trabajando porque la mayoría cumple labores a la mañana en el partido y luego en instituciones públicas o privadas.

Según Alarcón esto sería una decisión política para deshacerse de casi el 95 % de los trabajadores del partido y disponer de esos cargos para gente nueva que responde a las autoridades de la mesa directiva.

“No se puede modificar la carga horaria que fue establecida como una especie de derecho adquirido en los últimos 26 años de manera arbitraria, de un plumazo, como lo está haciendo la actual administración”, enfatizó.

Remarcó que la acción fue planteada ante el Juzgado Laboral de primer turno de Asunción. Solicitaron medidas cautelares para que se suspendan los efectos de la resolución hasta que se resuelva en los tribunales el debate sobre lo particular.

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