Por supuestos gastos derivados de una obra del año 1997, el Estado paraguayo ha sido condenado a pagar unos 10 millones de dólares a Enrique Díaz Benza Construcciones. Lo dispuso un laudo arbitral, cuya nulidad plantea ahora la Procuraduría General de la República en tribunales.
Se trata del tramo 4 Mojones – Defensores del Chaco – Avda. Madame Lynch – Empalme Ruta 9, por el cual el Estado paraguayo ha sido condenado a pagar 10 millones de dólares al Consorcio Asunción, más intereses desde el año 2011.
El recurso presentado por el procurador general Juan Rafael Caballero, Neri Walter Fleitas y Vicente Daniel Rodríguez platea anular el laudo arbitral N°1 dictado el 5 de julio pasado, dictado por el Tribunal del Centro de Arbritraje y Mediación del Paraguay (CAMP) integrado por los abogados Andrés Nissen, Julio Giménez Balbiani y Pío Galeano Ríos (disidente).
La falta de competencia del Tribunal arbitral es el primer punto cuestionado por la Procuraduría General de la República (PGR) desde el inicio, es decir, tanto en ocasión de contestar la demanda ante el Tribunal arbitral como en el recurso de nulidad ahora presentado.
“Hacer lugar a la demanda arbitral de cumplimiento de contrato y pago de sumas de dinero e intereses promovida por el Consorcio Asunción, hoy la firma Unipersonal EDB Construcciones, en contra del Estado paraguayo – Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y condenar al pago de las sumas de G. 17.176.949.738 y USD 7.523.683,08, más los intereses a una tasa del 0,60% mensual para la condena en guaraníes y al 0,18% mensual para la condena en dólares a computarse a partir del 18 de enero de 2011, hasta la fecha del efectivo pago”, establece el laudo ahora impugnado.
Además de la notoria incompetencia del Tribunal arbitral para entender en la controversia, la PGR sostiene que el laudo contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje, el procedimiento arbitral no se ha ajustado al acuerdo entre las partes y ha violado el debido proceso por la existencia de un vicio en la conformación de la mayoría exigida por ley.
Los magistrados que estudiarán el caso son Osvaldo González, Enrique Mercado y Mirta Ozuna de Cazal.
