Gilvi Quiñónez, jueza de Ejecución, no hizo lugar al incidente de redención planteado por la defensa de dos miembros del grupo criminal autodenominado como Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), condenados a 35 años de cárcel por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas.
Gustavo Lezcano y Agustín Acosta fueron sindicados como los negociadores del grupo y planteaban reducir sus condenas con planillas que avalaban supuestos estudios y trabajos realizados dentro de la cárcel.
Sin embargo, la magistrada Quiñónez notó que los elementos probatorios para sustentar la solicitud eran de contenido falso y contenían contradicciones.
Gessy Ruiz Díaz, la abogada de la familia Cubas, señaló que en los documentos habían horarios de cumplimiento imposible y la farsa fue expuesta con testimonios de funcionarios penitenciarios que confirmaron que Lezcano y Acosta no cumplieron con los trabajos.
Tras el rechazo de la redención, se remitieron los datos a la Fiscalía, para que los condenados y los posibles cómplices dentro del sistema penitenciario sean investigados por presunta producción y uso de documento no auténticos.
