La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) intervino un establecimiento en Quiindy dedicado a la criptominería, donde se encontraron más de 1.000 máquinas procesadoras de criptomonedas y transformadores.
Se llevó a cabo el allanamiento por orden de la jueza penal de Garantías, Ramonita Melgarejo y se procedió a incautar los equipos utilizados. Reportan que esta actividad ilegal representaba una pérdida mensual de más de G. 800 millones para la empresa estatal.
El procedimiento contó con el acompañamiento del presidente de la ANDE, Felix Sosa, en conjunto con representantes del Ministerio Público, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de la Nación.
