El Ministerio Público formuló acusación y solicitó la apertura de un juicio oral y público contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otras 12 personas, por supuestos hechos de lesión de confianza y asociación criminal relacionados al desvío de fondos municipales en la compra de alimentos durante la pandemia de COVID-19.
Según la Fiscalía, Prieto y otros funcionarios municipales habrían convocado una licitación pública de emergencia para la adquisición de insumos para panificados, pero todo el proceso habría estado direccionado para favorecer a empresas afines al intendente.
El perjuicio al municipio sería de aproximadamente G. 306.188.500 por el pago de mercaderías que supuestamente no existían.
Además de Prieto, fueron imputados y acusados Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Emili Vanessa Florentín Páez, Fermín Ávalos Britos y José Félix Cáceres Galeano, entre otros.
