El Tribunal de Apelación confirmó la condena de 3 años de prisión para Justo Ferreira, propietario de la empresa Imedic, por el delito de contrabando de 50 camas hospitalarias durante la pandemia de COVID-19.
Sin embargo, también ratificó la absolución de su hija Patricia Ferreira y otros tres acusados en el mismo caso: el despachante Carlos Gamarra y los funcionarios aduaneros Guillermo Molinas y Gustavo Acosta.
La Fiscalía había acusado a Justo Ferreira también por producción de documentos falsos y asociación criminal, pero estos cargos no fueron probados durante el juicio.
La defensa había solicitado la absolución de Justo Ferreira y los demás imputados, argumentando que no hubo contrabando ya que se pagaron los impuestos correspondientes.
