La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la nueva Ley de Alianza Público-Privada (APP), destinada a fomentar inversiones en infraestructura pública y aumentar el empleo.
A pesar de los intentos de la disidencia colorada por retrasar la discusión debido a preocupaciones sobre la extensión del periodo de concesiones y la supervisión de organismos externos, la ley fue sancionada sin cambios significativos en el proceso.
Esta legislación, que reemplaza la anterior N° 5.102/2013, permite al Estado aumentar su participación en las inversiones del 10% al 25% y extiende el período de concesiones de 30 a 40 años.
Aunque algunos miembros de la disidencia reconocen la necesidad de inversión privada para el desarrollo sostenible, expresaron su frustración por la falta de debate en torno a los artículos más controvertidos, que incluyen las amplias atribuciones otorgadas al ministro de Economía y Finanzas (MEF) y la exclusión de gobiernos locales en ciertos aspectos.
Ahora, el proyecto está en manos del Poder Ejecutivo, que decidirá si promulga o veta la nueva ley.
