El juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por presuntos hechos de coima, tráfico de influencias y otros delitos. La acusación surge a raíz del análisis de información extraída de uno de los teléfonos del fallecido exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes. La investigación apunta a un esquema que involucraría a jueces, fiscales, legisladores, miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados e incluso periodistas.
El documento remitido al Ministerio Público tiene cerca de 40 páginas y fue elaborado tras un minucioso análisis de los datos obtenidos del dispositivo del exparlamentario, quien murió durante un operativo fiscal-policial en Pedro Juan Caballero el 19 de agosto pasado, en el marco del caso “Pavo Real II”.
El magistrado Legal, luego de revisar en profundidad los archivos extraídos del celular, detectó material comprometedor, como conversaciones, imágenes y audios, que podrían ser indicios de una estructura dedicada a actividades ilícitas como lavado de dinero, asociación criminal y cohecho.
En el proceso judicial “Pavo Real II”, la justicia había autorizado el acceso a información contenida en varios dispositivos electrónicos, incluyendo celulares, computadoras y unidades de almacenamiento digital pertenecientes a Gomes y su hijo. Entre los datos analizados se identificaron vínculos que los relacionarían con operaciones sospechosas vinculadas al narcotráfico.
Investigación y muerte de Lalo Gomes
El exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes perdió la vida el 19 de agosto de 2024, cuando agentes policiales irrumpieron en su vivienda durante un procedimiento en Pedro Juan Caballero. La investigación, liderada por la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado, buscaba esclarecer sus presuntos nexos con actividades ilícitas relacionadas con el lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Ese día, el Ministerio Público había planificado varios allanamientos en Amambay y Asunción, pero solo logró concretar tres. En uno de ellos, agentes intervinieron la vivienda de Gomes, mientras que otro operativo se realizó en la casa de su hijo, Alexandre Rodrigues Gomes.
Vínculos con el crimen organizado
Según la imputación fiscal, tanto Lalo Gomes como su hijo estarían estrechamente ligados a la estructura criminal encabezada por Jarvis Chimenes Pavão, un narcotraficante condenado en Brasil. La investigación sostiene que el clan Gomes habría colaborado con Pavão mediante la adquisición de propiedades, como la estancia Negla Poty, supuestamente utilizada para ocultar dinero proveniente de actividades ilícitas.
El informe también señala que el exdiputado y su hijo crearon varias empresas en Paraguay, entre ellas Paraguay Autopartes SA y Salto Diamante SA, que habrían servido como fachada para el lavado de dinero. Además, la Fiscalía menciona la participación de la entidad financiera Finexpar Saeca, ahora Banco Zeta, cuyos directivos también fueron imputados, así como otras compañías vinculadas a operaciones sospechosas.
De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, los imputados habrían utilizado testaferros para ocultar la propiedad de bienes relacionados con el crimen organizado. Uno de ellos, identificado como Óscar Cabreira Pinazo, presuntamente participó en maniobras destinadas a encubrir la verdadera titularidad de la estancia Pindurá, atribuida en realidad al grupo de Pavão.
Las pesquisas continúan para determinar el alcance de la red y el nivel de implicación de los sospechosos en el esquema delictivo.
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