Una funcionaria del Ministerio Público y un agente de la Policía Nacional fueron imputados por su presunta participación en la sustracción y reventa fraudulenta de vehículos incautados que se encontraban en el depósito de evidencias.
Los acusados, Alba Amarilla Ojeda y Joaquín Morel Núñez, alias “Gallo”, enfrentan cargos por apropiación, hurto, falsificación de documentos y asociación criminal.
La funcionaria habría utilizado su posición para crear documentación falsa a fin de simular procedimientos legales para la entrega ilegal de los vehículos. Actualmente, Amarilla está prófuga y suspendida sin goce de sueldo.