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Víctimas de la mafia de los pagarés denuncian inacción de jueces

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Personas afectadas por el esquema conocido como la “mafia de los pagarés” se concentraron este lunes frente a la sede del Poder Judicial, en Asunción, con el objetivo de denunciar públicamente la inacción de los ministros de la Corte Suprema de Justicia y buscar apoyo internacional.

Los manifestantes, que llegaron desde distintos puntos del país, especialmente desde Itapúa, aprovecharon la visita de los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al Paraguay para visibilizar su lucha y entregar una nota oficial que detalla la situación que atraviesan.

En el documento, se exponen graves violaciones al debido proceso, además de las trabas para acceder a la justicia en casos relacionados con demandas fraudulentas basadas en pagarés falsos o ya saldados, que han dejado en la ruina a miles de familias.

La protesta también incluyó la entrega de informes elaborados por una comisión especial que investigó el caso, con el fin de respaldar las denuncias ante los jueces internacionales.

Coronel criticó además la falta de cumplimiento de las medidas judiciales emitidas hasta ahora, como una acordada que supuestamente debía frenar los descuentos a las víctimas, pero que —según él— no se aplica en la práctica. “Solo es una orden para aparentar”, sentenció.

Respecto al trabajo del Ministerio Público, el vocero lamentó que el avance de las investigaciones dependa de la presión social: “Algunos fiscales que se animan a actuar son presionados, otros directamente ignoran el tema. Si no nos movilizamos, nada se mueve”, agregó.

Finalmente, adelantaron que preparan una acción más contundente antes de fin de año: más de 150 víctimas planean encadenarse frente al Poder Judicial en diciembre, como forma de protesta ante la falta de respuestas.

La llamada “mafia de los pagarés” se refiere a un esquema judicial donde se promueven ejecuciones de deudas usando documentos manipulados o inexistentes, involucrando a funcionarios judiciales, abogados y actuarios, que habrían operado para estafar a trabajadores asalariados.

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