Tras la protesta encabezada por la Generación Z, el Gobierno anunció que aumentará la presencia policial en futuras movilizaciones. En una conferencia de prensa conjunta entre autoridades del Ministerio del Interior, la Fiscalía y la Policía Nacional, se defendieron las acciones del domingo, en las que más de 30 manifestantes fueron detenidos.
Según el comandante de la Policía, Carlos Benítez, se incautaron objetos como hondas, cuchillos y alcohol, alegando que algunos participantes tenían intenciones violentas. También aseguró que durante la protesta se agredió a agentes del orden, y que una motocicleta del Grupo Lince protagonizó un accidente tras recibir el conductor un golpe en la cabeza con una piedra, provocando heridas a una madre y su hija.
Las autoridades justificaron el amplio despliegue de unos 3.000 policías, afirmando que su objetivo era “proteger a la ciudadanía” tanto en la protesta como en otras zonas de la ciudad donde se desarrollaban actividades.
Mientras tanto, manifestantes denuncian detenciones arbitrarias y maltratos a los aprehendidos, quienes continúan en dependencias policiales. De los 31 detenidos, varios siguen bajo investigación del Ministerio Público, mientras organismos de derechos humanos monitorean sus condiciones de reclusión.
El Ministerio del Interior y la Policía elogiaron públicamente su propio accionar, sosteniendo que la intervención evitó desbordes mayores. Sin embargo, desde diversos sectores sociales se cuestiona el uso desproporcionado de la fuerza y la criminalización de la protesta pacífica.
