La Comisión Permanente del Congreso aprobó un pedido de informes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de legisladores para transparentar su situación financiera, número de beneficiarios y aportes estatales destinados a cubrir su déficit.
La iniciativa, presentada por los diputados opositores Raúl Benítez y Johanna Ortega, requiere datos sobre aportes mensuales de miembros activos y voluntarios no activos, así como la cantidad de jubilados y pensionados.
El pedido incluye el estado económico de los últimos cinco ejercicios fiscales, detalles de inversiones, subsidios del Estado y proyecciones para lograr autosostenibilidad sin fondos públicos. También exige informes de auditorías de ese período, con un plazo de 15 días para responder.
La medida surge tras el fracaso de reformas para eliminar privilegios de la caja, que benefician a más de 200 ex legisladores con G. 2.521 millones mensuales. En casos como el de Justo Zacarías, director de Itaipú, percibe hasta G. 26 millones como jubilado más su salario de G. 154 millones.
