Ocho de los nueve imputados por el presunto desvío de G. 61.000 millones en el Instituto de Previsión Social (IPS) ya cuentan con libertad ambulatoria tras comparecer ante el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, quien les impuso medidas cautelares alternativas a la prisión y dejó sin efecto las órdenes de detención del fiscal Julio Ortiz.
Los últimos beneficiados fueron Jaime Joel Caballero (ex gerente de Abastecimiento y Logística), Marcelo Rubén Bordón (ex director de la Unidad Operativa de Contrataciones) y Verónica Alexandra Blanco Bogado (ex directora de Mantenimiento), quienes deberán presentar una caución real de G. 500 millones cada uno.
A ellos se suman otros cinco exfuncionarios que ya obtuvieron la misma medida: José Raúl Coronel (ex director de Mantenimiento), Hugo Aranda (ex gerente de Abastecimiento y Logística), Juan Manuel Villar López (ex director de Contrataciones), Rosa Concepción Colmán (exasesora jurídica) y Jorge Magno Brítez (ex presidente del IPS), este último con una fianza de G. 1.000 millones. En conjunto, las ocho cauciones reales ascienden a G. 4.500 millones.
El único que aún no tiene medidas cautelares es el ex presidente Vicente Bataglia, quien se encuentra en Italia y será detenido al ingresar al país para quedar a disposición del juzgado.
El fiscal Ortiz, quien imputó a los nueve por el hecho punible de lesión de confianza en el caso de los quirófanos modulares, confirmó que no apelará las resoluciones que otorgaron la libertad ambulatoria.
