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El vicepresidente Hugo Velázquez considera que el estado no tiene tantos funcionarios

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El senador Jorge Querey, líder de la Bancada de Frente Guasu, encabezó, este viernes, la audiencia pública virtual, donde se debatió los alcances del anteproyecto de Ley “De la función pública y la carrera del servicio civil”. El evento contó con la presencia, del vicepresidente de la República Hugo Velázquez.

En sus palabras de apertura, el senador Jorge Querey, instaló tres reflexiones con respecto al tema. El primero, es el diagnóstico, que deben hacer las autoridades del Poder Ejecutivo, ante la gran necesidad del estado frente a la pandemia, como es la crisis económica; pero como contrapartida una gran ofensiva contra la estructura, que son los funcionarios públicos.

Asimismo, dijo que siempre se escucha que el 80% del Presupuesto General de la Nación, está dirigido a sueldos, lo que consideró irreal. Otra de las interrogantes que mencionó fue si tenemos o no un gigantesco estado. En ese sentido, dijo que realizaron trabajos de comparación con otros países, y encontraron que, en Paraguay, se cuenta con el 10,7% de la población económicamente activa, mientras que otros alcanzan los 18%.

“Tenemos que reducir el gasto del estado, pero, como contrapartida no alcanzamos los gastos públicos que debiéramos tener en salud, educación y seguridad”, sostuvo. Indicó que el presupuesto, en términos de funcionarios, el 80% corresponde al personal de salud, educación y seguridad, mientras que aseguró, existe un 20% que se puede mejorar.

A su turno, el vicepresidente de la República Hugo Velázquez expresó que no consideran que nuestro estado sea muy grande para lo que es el país; asimismo, aclaró que el proyecto no apunta a sacar funcionarios públicos. “Solo buscamos mejorar la calidad del gasto; es decir, que la ciudadanía que paga sus impuestos reciba mejores servicios de parte del estado”, remarcó.

Igualmente, indicó que tomará nota de las apreciaciones de los presentes para mejorar el anteproyecto. Asimismo, explicó que la propuesta legislativa, plantea reordenar el marco jurídico de la función pública, de la carrera del servicio civil, integridad, idoneidad, meritocracia, imparcialidad, eficiencia y eficacia. Se establecen también reglas de carácter general que deberán ser implementadas y aplicadas en todo el sector público.

“Entre ellas un tope salarial, que nadie puede tener un salario superior al presidente de la República, con una escala salarial unificada, cumpliendo el principio Constitucional, de igual salario y de responsabilidad. La planificación de la fuerza de trabajo donde cada institución en coordinación con el Ministerio de Hacienda, deberá identificar sus necesidades para los próximos cinco años, a fin de planificar la incorporación gradual de nuevos funcionarios de acuerdo a la capacidad fiscal”, detalló.

Por otra parte, la directora de Política Macro Fiscal del Ministerio de Hacienda Viviana Casco sostuvo que dicha normativa cuenta con dos partes fundamentales, que son: los principios rectores que regirá a toda la función pública, para luego establecer principios que solamente regirán al servicio civil, es decir, al personal administrativo.

Para la carrera del servicio civil, se establece que tendrá un periodo de prueba de 6 meses, para luego ingresar como funcionario nombrado, mientras que, lo que refiere al personal de confianza, este tiene que ingresar y salir con la máxima autoridad, que son los directores del área administrativo, jefe de gabinete, secretarios y asesor jurídico. Este personal no formará parte de la carrera civil.

Por su parte, la presidenta del Frente Sindical de Funcionarios Públicos Graciela Notario manifestó su rechazo al proyecto, porque no fueron partícipes de esta propuesta, por lo que considera que no se puede analizar un tema así, en tiempos de pandemia.

Asimismo, Santiago Ortiz del Frente de Unidad Sindical expresó su rechazo total a este proyecto y solicitó que se retire el proyecto y se vuelva a foja cero, de modo a analizarlo con los demás sindicatos. Igualmente, varios representantes de otros sindicatos manifestaron su rotundo rechazo a esta propuesta de Ley.

Ante el rechazo de los sindicatos, el vicepresidente de la República explicó que, con el documento en cuestión, se inició un proceso de la Reforma del Estado, empezando por el lado de los funcionarios públicos, con el objetivo de blindar sus derechos. No obstante, resaltó que siguen abiertos a las sugerencias.

El senador Querey, consultó al vicepresidente si es posible rehacer un proceso más participativo y que haya un involucramiento del sector público, a lo que respondió, que queda a criterio del Congreso, realizar audiencias públicas para incorporar las consideraciones.

 

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