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Cámara Alta aprueba con modificaciones proyecto que reglamenta pérdida de investidura

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En una sesión extraordinaria desarrollada este miércoles, el pleno de la Cámara Alta, encabezado por el senador Óscar Salomón, aprobó con modificaciones el proyecto de Ley “Que reglamenta el artículo 201 de la Constitución Nacional, de la pérdida de investidura”. El punto referente a las mayorías no obtuvo consenso y fue rechazado, por lo que se mantiene lo establecido en el artículo 190 de la Carta Magna; es decir, mayoría simple.

El texto, que fue ampliamente discutido por los congresistas, pasa a la Cámara de Diputados para su consideración. Entre varios puntos, el documento esclarece lo que hace al tráfico de influencias y estipula que, para dar inicio al proceso, se debe contar con la firma de al menos un tercio de los miembros de la Cámara que corresponda.

Varios senadores cuestionaron este punto, como los congresistas Stephan Rassmussen y Georgia Arrúa, quienes aseguraron que el proyecto corresponde a una suerte de autoblindaje y que, al precisar la firma de un tercio de los legisladores de la cámara afectada, las minorías no podrán formular pedidos contra sus pares.

La iniciativa también indica que, en caso de cumplir con los requisitos mencionados, el pleno de la Cámara formalizará el inicio del proceso y correrá traslado por el plazo de 15 días al acusado, para que éste, en una sesión pública, presente su descargo. Las pruebas de cargo y de descargo serán presentadas en una sesión extraordinaria convocada dentro de los cinco días posteriores, y concluido el periodo probatorio, en un plazo no mayor de cinco días, será convocada una sesión extraordinaria para que las partes presenten sus alegatos finales.

Por otra parte, el documento aprobado indica que, en caso de no hallar fundamentos constitucionales suficientes para la pérdida de investidura, el indiciado conservará su banca y no se le podrá iniciar un nuevo proceso basado en los mismos hechos.

El último artículo señala que, en caso de no iniciar el proceso de juicio político en un plazo de cinco meses, la denuncia será archivada, en tanto si la denuncia es presentada, pero el proceso no concluye en el mismo plazo, la causa se extinguirá. Durante el debate de este punto, el senador Enrique Riera solicitó testar el artículo, sin embargo, su moción no obtuvo los votos suficientes para el efecto.

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