Gracias a un juzgado que ordenó que la Contraloría General de la República (CGR) publique todas las declaraciones juradas, uno 1.500.000 documentos, de los funcionarios presentadas desde 1992, eánstar disponibles para el acceso público.
El juez Raúl Florentín hizo lugar al amparo constitucional, según la resolución del juzgado, todo lo relacionado a la situación patrimonial de los empleados estatales deberán ser publicados en la página web institucional de la CGR, exceptuando los datos que se encuentran excluidos por la Constitución Nacional y la legislación vigente. La institución tiene un plazo de seis meses para ejecutar dicha resolución y hacer públicas las declaraciones.
En la fecha el juez Florentín determinó en favor de la transparencia y la publicidad de las declaraciones que la CGR deberá hacer públicas.
