La abogada penalista Esther Roa, líder de la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy) y del frente Somos Anticorrupción Paraguay, cuestionó la falta de una respuesta institucional sólida frente a los casos de corrupción pública y reclamó a la Justicia mayor rapidez y eficacia.
Roa sostuvo que la Fiscalía Anticorrupción no cuenta con suficientes fiscales especializados, recursos humanos, tecnología, infraestructura ni capacitación para investigar la complejidad de los delitos vinculados con el manejo irregular de fondos públicos.
La abogada también advirtió que en Paraguay no existe una verdadera política de Estado para combatir la corrupción y la impunidad. Señaló que numerosas denuncias no avanzan a una investigación efectiva y que, en otros casos, los procesos quedan paralizados durante años hasta llegar a la extinción o prescripción.
“Muchas denuncias ni siquiera llegan a una investigación efectiva y cuando existe una imputación, muchas veces se produce después de que el caso adquiere una fuerte exposición pública. El caso del IPS es un ejemplo: Hubo una reacción del Ministerio Público, pero cabe preguntarnos cuánto daño se produjo antes de esa reacción y cuánto dinero de los aportantes pudo haberse perdido”, dijo la abogada a Última Hora.
Como ejemplo, mencionó la causa contra el político Óscar Venancio “Ñoño” Núñez, hermano de Basilio “Bachi” Núñez, cuya apelación especial permanece sin resolución desde hace casi tres años, pese a que debía ser atendida en un plazo de 15 días.
Roa contrastó esta situación con los procesos que involucran a los políticos Hugo Javier y Erico Galeano, que, según indicó, registraron avances dentro de los plazos correspondientes. A su criterio, esta diferencia demuestra que algunas causas avanzan, mientras otras quedan estancadas sin importar el partido político al que pertenezcan los procesados.
La representante anticorrupción cuestionó además la mora judicial, las demoras en la integración de tribunales y salas de apelación, así como los planteamientos dilatorios de las defensas. También pidió a la Corte Suprema de Justicia transparentar las auditorías sobre las causas que prescriben y establecer medidas correctivas para evitar que la demora termine favoreciendo la impunidad.
