En dicho documento, la Contraloría General de la República (CGR) menciona que la contratación de la firma Louis Berger SAS y Systra (representado por Karin Basiliki Ioannidis) por el MOPC se suscribe el 27 de febrero de 2018, cuatro años y dos meses después de haberse iniciado la obra.
El monto del mismo ascendía a USD 6.043.393, cuyo acuerdo incluía la firma debía actuar como la Empresa Consultora de Apoyo Técnico Especializado y Fiduciario (Ecatef), es decir, debía apoyar en la implementación del fracasado proyecto.
Según el informe, el contrato debía haberse firmado con anterioridad, ya que se suponía que daría apoyo a la gestión técnica y administrativa que el MOPC, ya que este carecía de capacidad para el manejo del proyecto.
En la web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) figura que la empresa francesa seguía cobrando hasta febrero de este año, aunque ya las obras del metrobús habían cesado. Según datos, el consorcio cobró G. 14.532 millones.
Asimismo, el ministro Arnoldo Wiens incluso autorizó un incremento del contrato con la empresa por G. 3.922 millones y le encargó otros trabajos, para lo cual tuvo que realizar subcontrataciones.
La Contraloría concluyó el miércoles último la segunda auditoría, contenida en 415 páginas de informes, que realizó al metrobús, donde se evidenciaron varios posibles hechos punibles, tales como pagos irregulares, obras mal ejecutadas, y numerosas anomalías más.
En conclusión, la Contraloría se señala que el MOPC desembolsó a la empresa Mota Engil dinero por obras que no cumplen con las especificaciones técnicas del pliego de la licitación. También, se produjeron pagos irregulares a la firma portuguesa por G. 8.689.241.754 en la obra de cableado subterráneo, millones por desagües que no funcionan, entre otras irregularidades.
Por otro lado, ayer, la Cámara de Senadores aprobó, en mayoría, que el informe final de la Comisión Bicameral de Investigación del proyecto Metrobús sean remitidos al Ministerio Público.
