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Agentes de la Policía Nacional fueron imputados por privación de libertad, extorsión y otros hechos punibles

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Los agentes policiales Víctor José Luis Velázquez Vera, Liz Marlene González Belotto y Juan Javier Arévalos Sosa fueron imputados por la supuesta comisión de los hechos punibles de privación de libertad, extorsión, extorsión agravada, asociación criminal, frustración a la persecución y ejecución penal, cohecho pasivo agravado y realización del hecho por funcionario.

El agente fiscal Federico Delfino, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra la Libertad de las Personas (Antisecuestro y Antiterrorismo), interviene en la causa y solicitó además la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva para los imputados. El representante del Ministerio Público llevó a cabo dos allanamientos que derivaron en la detención de las tres personas indagadas.

Los imputados son efectivos policiales a cargo del Departamento de Investigación de Delitos de la Brigada Central y formarían parte de un grupo criminal, encargado de realizar extorsiones a personas, privándoles de su libertad en uso de sus funciones y así obtener sumas de dinero indebido.

Según los antecedentes, el 3 de febrero de 2021, las víctimas se encontraban en la vía pública frente a una escribanía ubicada sobre las calles 11 de setiembre y Juan de Leopardi de la ciudad de Fernando de la Mora.

A las 9:00 de la mañana, una de las víctimas descendió de su vehículo y al dirigirse hacia una escribanía fue abordada por dos sujetos con uniforme policial, portando identificadores con los nombre de Juan Arévalos y Víctor Velázquez, este último tomó a la víctima del brazo con mucha brusquedad y sin mediar palabras le colocó las esposas y le forzó a subir a un vehículo donde se encontraba otra persona.

Seguidamente, la otra víctima fue forzada, lo esposaron y forzaron a subir al mismo vehículo en el cual se encontraba su esposa, custodiada por Liz González. Se dirigieron a la brigada de San Lorenzo y en todo el trayecto fueron amenazadas con arma de fuego. Una vez en el lugar, les exigían la suma de 50 millones de guaraníes y en caso de negativa, llegarían a perjudicarlas, así dieron todo tipo de amenazas a las víctimas.

 

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