Tras la desaparición de algunas evidencias en el caso Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, por usura y lavado de dinero, el juez penal de garantías Humberto Otazú dijo que continúa la investigación para tratar de dar con los responsables del hecho.
Sin embargo, este tipo de situaciones no son una novedad en el Poder Judicial. En ocasiones anteriores han desaparecido dinero, armas, CD y hasta biblioratos enteros de documentos. En un caso de narcotráfico, por ejemplo, robaron unos mil euros y cocaína en el 2009.
El robo de expedientes también es práctica constante en diferentes juzgados, pero más persistente en el civil, donde antes de la introducción del expediente electrónico en los pedidos de “reconstitución” de expedientes eran incesantes.
Sustrajeron cheque adulterado y lo reemplazaron por otro
Un caso muy similar al de Ramón González Daher ocurrió en el proceso a Gregorio “Papo” Morales y otros integrantes de su banda por estafa con cheques. En el 2010, en pleno juicio oral, se descubrió que el cheque fraguado de la firma Conti Paraguay (el documento de G. 671.000 fue adulterado para posibilitar la extracción de G. 271 millones) fue sustituido por otro de similares características, en una evidente maniobra con el fin de inducir al error al Tribunal.
La fiscala Alba Delvalle planteó que la pericia del cheque fue realizada a tiempo y presentó la copia autenticada del cheque, denuncia del BBVA, donde figuraban los datos principales; además, presentó el talonario original y la prueba fue considerada como válida por el Tribunal de Sentencia presidido por Elsa García e integrado por Wilfrido Peralta y Mesalina Fernández.
Robo de pagarés y de biblioratos de documentos
Otra audiencia oral y pública donde el robo de evidencias quedó al descubierto fue el juicio oral a cuatro funcionarios de Essap por usura, en el año 2008. En la etapa en que el Tribunal de Sentencia debía exhibir los documentos a los testigos para su reconocimiento se percataron del faltante de un sobre con 18 pagarés, además de algunos biblioratos con pruebas varias.
La documentación jamás se recuperó, pero el Tribunal consideró otras presentadas por el entonces fiscal Arnaldo Giuzzio y el juicio concluyó con la absolución de un acusado y la condena de cinco años de cárcel para los otros tres.
