La ex presidenta de Petropar Patricia Samudio, acusada por supuesta lesión de confianza en la compra de agua tónica y tapabocas durante la pandemia del Covid-19, designó como nuevo representante legal a su esposo, José Costa Perdomo, también procesado por el caso.
El juez de la causa Julián López consideró que no existe impedimento para que Costa Perdomo asuma su propia defensa y la de su esposa, por lo que hizo lugar a la intervención del acusado como profesional del derecho.
La audiencia de imposición de medidas se realizó el pasado jueves 4 de noviembre, pero la extitular de Petropar se quedó sin defensa a raíz de la renuncia de los abogados Alfredo Enrique Kronawetter y Federico Huttemann. En consecuencia, el Juzgado suspendió la diligencia para ambos acusados y los emplazó por 72 horas hábiles para designar nuevos defensores.
En el caso de los coacusados Félix Marcelo Chávez, Roberto Cabrera Narváez, Miguel Darío Cáceres y Freddy Agustín Careaga, el juez Julián López hizo lugar al pedido planteado por las defensas y otorgó la suspensión condicional del procedimiento para los cuatro.
Los fiscales Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz se allanaron a la propuesta, teniendo en cuenta que los mismos fueron procesados como cómplices de la lesión de confianza y la expectativa de pena no es elevada.
Fiscalía ratifica que Samudio debe ir a juicio oral
El Ministerio Público afirma que bajo la administración de Patricia Samudio, Petropar adquirió, por la vía de la excepción, de la firma proveedora “Solumedic SA”, 3.000 tapabocas N95, 5.000 botellas de agua tónica y otros insumos, por un total de G. 359.700.000. Esta suma fue transferida a una cuenta de la empresa “Racole SA”, para el pago parcial de una deuda de Costa Perdomo, esposo de la exfuncionaria estatal.
Ante la posible estrategia de la defensa de Samudio de pedir la extinción de la causa y por ende el sobreseimiento definitivo de los procesados, alegando que los G. 359.700.000 (monto del perjuicio que sufrió el Estado), ya fue devuelto en su totalidad por la empresa Solumedic S.A, la fiscala Liliana Alcaraz indicó que la devolución del dinero fue posterior al delito que cometieron los acusados.
La agente del Ministerio Público remarcó que para la Fiscalía la causa se debe discutir en un juicio oral, aunque los directivos de la empresa Solumedic S.A. Liz Adolfina Chamorro Ferreira y Víctor Ramón Cabañas Fernández hayan devuelto al Estado los G. 359.700.000.
