Cinco efectivos policiales de la unidad de Investigaciones de Ciudad del Este y una abogada fueron procesados por la Fiscalía, tras ser acusados de privar de libertad a un ciudadano y exigirle una elevada suma de dinero a cambio de no intervenir su domicilio.
El hecho habría ocurrido el 3 de junio en Presidente Franco, cuando un hombre, acompañado por otro adulto y una adolescente, fue interceptado por agentes que se identificaron como policías. Según el Ministerio Público, el grupo actuó sin ocultar su identidad y portaba armas visibles.
Las víctimas fueron obligadas a dirigirse hasta la sede de Investigaciones. Allí, una de ellas fue retenida por varias horas en una construcción tipo quincho, mientras se le exigía el pago de USD 50.000, bajo amenaza de realizar allanamientos vinculados a supuestas pesquisas por delitos financieros.
Durante el encierro, se acordó la entrega inmediata de USD 30.000 y el compromiso de completar otros USD 20.000 en un mes.
La víctima consiguió reunir el monto tras vender un vehículo y recurrir a préstamos. Posteriormente, presentó la denuncia, lo que motivó una investigación fiscal que derivó en la imputación de todos los involucrados, y la solicitud de prisión preventiva para ellos.
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