La Contraloría General de la República concluyó una amplia auditoría al Instituto de Previsión Social (IPS) y envió al Ministerio Público 18 informes con indicios de posibles irregularidades.
Los reportes cubren áreas como finanzas, compra de medicamentos, sistemas informáticos, jubilaciones y contrataciones, aunque la Contraloría aclaró que no determinan culpabilidad. Ahora, corresponde a la Fiscalía evaluar si existen delitos.
Entre los hallazgos figura una diferencia de G. 623.000 millones entre los registros hospitalarios y el sistema informático del IPS sobre medicamentos. También se detectaron gastos cercanos a USD 40 millones en sistemas informáticos que no funcionan correctamente o están desactualizados, por lo que el contralor Camilo Benítez pidió mejorar la trazabilidad de los medicamentos desde la compra hasta la entrega al asegurado.
Otro punto crítico es el uso del rubro destinado a pagos judiciales. Según la auditoría, la Asesoría Jurídica del IPS habría firmado acuerdos privados con proveedores por contratos ya vencidos, que luego eran homologados judicialmente y presentados como órdenes judiciales para justificar pagos. Por ese mecanismo se habrían girado unos USD 25 millones, sin concursos ni procesos transparentes.
La Contraloría también advirtió sobre la sostenibilidad financiera del IPS, los aportes de empleadores y trabajadores ya no alcanzan para cubrir las jubilaciones, por lo que la institución recurre a los rendimientos de sus reservas. Además, señaló que la falta de acciones de cobro oportuno habría provocado la pérdida de cientos de millones de dólares por deudas de empleadores, algunas ya prescriptas.
Finalmente, Benítez sostuvo que las inversiones del IPS deben respetar seguridad, rentabilidad, liquidez y diversificación. Como la Contraloría no puede sancionar directamente, remitió los antecedentes a las autoridades competentes y advirtió que podría auditar nuevamente al IPS si sus recomendaciones no son atendidas.
