Una veintena de diputados cartistas, abdistas y llanistas presentaron una recusación contra los ministros de la Corte como medida desesperada para no revelar su patrimonio.

Como intento para suspender los trámites procesales de la acción de inconstitucionalidad contra la publicación de las declaraciones juradas de funcionarios, un grupo de diputados cartistas, abdistas y llanistas recusaron la semana pasada a los ministros de la Corte Suprema de Justicia como “terceros interesados”, pero el pedido fue desestimado.

Esta medida fue presentada por el grupo de diputados como acción desesperada para frenar la publicación de sus patrimonios y se trataba de la segunda jugada del sector, ya que un día antes, en la sesión de la Cámara Baja, intentaron adelantarse al fallo desfavorable de la Corte dando sanción a un proyecto de ley que clasifica como “errores administrativos” los datos falsos consignados por las autoridades en sus declaraciones juradas de bienes, despenalizando el falseamiento.

El diputado cartista Basilio Bachi Núñez dijo que el motivo por el cual se oponen a la publicación de sus bienes es “el riesgo a la inseguridad y el temor a los secuestros”.

Los diputados que solicitaron a la Corte no presentar las DDJJ son: Pedro Alliana, Basilio “Bachi” Núñez, Cristina Villalba, Rocío Abed, Miguel Tadeo Rojas, Del Pilar Medina, Nazario Rojas, Hugo Ramírez, Blanca Vargas, Justo Zacarías, Néstor Ferrer y Derlis Maidana, por la extracción de Honor Colorado, ANR.

Por el movimiento Colorado Añetete, ANR: Freddy D´Ecclesiis, Rubén Balbuena, Pastor Soria, Carlos Núñez Salinas y Roberto González.

Por el PLRA: Edgar Ortíz, Andrés Rojas Feris, Hugo Capurro y Enrique Mineur.

Antecedente.

Juan Carlos Lezcano presentó un amparo constitucional para la publicación de todas las declaraciones juradas de bienes y rentas de autoridades de los últimos 20 años, por lo que la Contraloría General de la República promovió una acción de inconstitucionalidad, que fue rechazada por la Corte y, por tanto, se aguarda la liberación de los documentos.

Innumerables esfuerzos fueron emprendidos por políticos a lo largo de los años para seguir ocultando la información de sus bienes. El proyecto original, presentado por los senadores de Patria Querida, establecía que las declaraciones juradas sean públicas y que incluso obren en la página web de la Contraloría.