Ayer, en un intento de encubrir a las empresas proveedoras que estuvieron involucradas en los procesos de compra amañados de insumos para el Ministerio de Salud, la Comisión de Control aseguró, en conferencia de prensa, que no hubo daño patrimonial, a pesar de que los precios referenciales de insumos estuvieron muy inflados.
La Comisión Especial de Supervisión y Control (CESC), creada por el Ejecutivo para el seguimiento de las compras con fondos COVID-19, anunció que llamativamente no encontraron pérdidas económicas en esos procesos de compra en el marco de la emergencia sanitaria, a pesar de que las firmas Imedic y Eurotec habían sido invitadas de forma directa, desde el interior mismo del MSPBS para participar en un llamado por vía de la excepción.
Todo esto, sin que ambas hayan participado en la licitación pública que había quedado desierta unas semanas antes. En un relámpago, el Ministerio de Salud firmó contratos el 3 de abril con ambas empresas.
Con esto, el informe de la CESC evidencia un abierto blanqueo a favor de ambas firmas, pertenecientes al clan Ferreira. Sobre los anticipos recibidos por las empresas Imedic SA y Eurotec SA del clan Ferreira que asciende a más de G. 17.000 millones, Arnaldo Giuzzio afirmó que eso está en pleno proceso de recuperación en el ámbito legal.
“No encontramos pérdidas económicas en estos procesos de compra. Primero porque fueron detectadas a tiempo, ya bajo la sugerencia de la comisión algunas fueron anuladas; otras se retrotrayeron al momento de los vicios. Es decir, no hubo un pago de ninguna contraprestación previamente en esos casos”, explicó Arnaldo Giuzzio, ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y coordinador de la CESC, dejando boquiabiertos a todos.
Este escándalo ya se hizo sentir en otros ámbitos del Estado, Kattya Gonzálezcomo avisó que hoy elevarán una nota de urgimiento a la Fiscalía General del Estado pidiendo un relevamiento sobre los avances de las investigaciones”
Por su parte, la Contraloría General de la República (CGR) había dictaminado en mayo pasado, que el MSP jamás tuvo que haber adjudicado el contrato a dichas firmas. El veredicto de la CGR fue que el proceso estuvo viciado de irregularidades en todas sus etapas. “Los funcionarios que intervinieron están bajo sumario administrativo y hay dos denuncias penales a cargo del Ministerio Público”, mencionó René Fernández, titular de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac).
Entre las irregularidades encontradas se citan que: Eurotec ofreció protectores faciales a G. 38.500 la unidad y lo que se adquirió a través de la Organización Panamericana (OPS) le costó al Ministerio cinco veces menos: G. 7.625. Lo mismo Imedic: quiso vender a G. 19.800 cada mascarilla N95 que con la OPS salió G. 9.900. Incluso, en el lote que vino de China, estaban mezcladas con máscaras KN95, de calidad inferior.