A partir de este lunes, Juan Carlos Vera podrá volver a ocupar el cargo de gobernador del Guairá, tras darse por finalizada la intervención de 90 días en la Gobernación, que estuvo a cargo de un equipo conformado por los fiscales Pablo Vera, Daniel Ortiz y Diego Sánchez. Vera aspira a una banca en la Cámara de Senadores para el 2023.
En la denuncia presentada por los interventores ante la Fiscalía Anticorrupción de Asunción, el gobernador cartista fue acusado de presunta lesión de confianza, uso y producción de documentos falsos y hechos punibles contra la prueba documental.
El informe con las supuestas falencias fue remitido a la Cámara de Diputados el pasado 12 de septiembre pero reportan que hasta la fecha se ha postergado su tratamiento, a pesar de haberse detectado un presunto perjuicio patrimonial en la Gobernación por más de G. 18.600 millones.
Entre las supuestas irregularidades halladas por los interventores, mencionan el supuesto uso irregular de fondos COVID-19 valorados en USD 2 millones de dólares y pagos por obras que nunca fueron finalizadas. También fueron reveladas presuntas transferencias a funcionarios para construir un costoso pabellón y un gimnasio, así como luminarias para el Parque del Guairá, que cuestan más de G. 750 millones.
“Tenemos el informe proveído por Pablo Vera, donde figuran hechos nuevos, no solo sobre los USD 2 millones. El dinero faltante orillaría los G. 18.600 millones”, confirmó Juan Rojas, presidente de la Junta Departamental.
