El cartista Juan Carlos Vera, destituido de la Gobernación del Guairá por presunta lesión de confianza, uso y producción de documentos falsos y hechos punibles contra la prueba documental, solicitó a la Cámara de Diputados que reconsideren su reciente destitución, alegando que no le otorgaron el derecho a la defensa y que se han violado sus “garantías constitucionales”, basándose en el artículo 17 de la Carta Magna. La decisión tomada por Diputados ya fue remitida al Ejecutivo y la Junta Departamental del Guairá tiene 90 días para elegir al sucesor de Vera.
Vera, quién aspira a una banca en la Cámara de Senadores para el 2023, fue destituido el miércoles pasado en la Cámara Baja, con 63 votos a favor y 9 abstenciones, luego de que una intervención de 90 días en la Gobernación, se haya detectado un presunto perjuicio patrimonial que asciende a más de G. 18.600 millones.
Los interventores designados fueron Pablo Vera, Daniel Ortiz y Diego Sánchez y entre las supuestas irregularidades denunciadas, figura el supuesto uso irregular de fondos para la pandemia del COVID-19 valorados en USD 2 millones.
Por su parte, Vera asegura que todo se trata de una persecución política en su contra, supuestamente por haber dejado el movimiento Fuerza Republicana y pasarse al bando del movimiento Honor Colorado. “Evidentemente el presidente, el mismo Mario Abdo Benítez, y su representante, en este caso (el diputado) Éver Noguera, se sintieron muy molestos porque pasé al otro bando y esto es consecuencia de dejar el oficialismo”, declaró Vera tras confirmarse su destitución.
