El juez penal de Garantías, Raúl Florentín, se declaró hoy “incompetente” para resolver el pedido de auxilio judicial solicitado por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), con el fin de que el exmandatario y empresario Horacio Cartes, designado como “significativamente corrupto” por Estados Unidos, acuda a responder interrogantes sobre su gestión de gobierno y sus negocios tabacaleros. La CBI se encarga de investigar presuntos hechos de lavado de dinero y delitos conexos.
Horas más tarde, el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, también se declaró incompetente para atender el pedido, generando una contienda de competencia que deberá ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El senador Jorge Querey, presidente de la CBI, había cuestionado anteriormente la presunta “incompetencia” de Florentín para no responder el pedido. “Desde mi punto de vista, lo que hizo el juez fue lavarse las manos de una situación de mucha presión y de una situación que a él no le conviene resolver”, declaró a un medio radial.
Querey insistió reiterativamente que Cartes no está excluido del artículo constitucional de la CBI y considera que al asumir un cargo electivo, el líder del movimiento Honor Colorado tiene la obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía. “Lo concreto es que él no quiere exponerse a responder esas preguntas. Él no quiere utilizar esta posibilidad”, había declarado al respecto Querey.
